Desconcierto y preocupaciòn vienen teniendo las autoridades diplomáticas españolas en América Latina por los cambios del régimen de acceso a la nacionalidad española.

Ahora se estima que podrían haber milliones de peticiones de tal calibre que los consulados pueden quedar completamente bloqueados ante esta  auténtica política de flujo migratorio.

Y es que la Ley 52/2007, del 26 de diciembre del 2008 (conocida como la Ley de Memoria Histórica)  reconoce y amplían derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

También dicha norma establece que todos los hijos y nietos de españoles en el exterior –fundamentalmente afecta a Cuba- pueden solicitar la ciudadanía española. En este sentido, no se precisa más requisito que la demostración de su identidad y la prueba de que sus padres eran españoles.

Entonces, la medida no sólo afecta a los hijos y nietos de exiliados políticos, sino a los descendientes de lo emigrantes españoles en general. El problema es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no calculó el número de peticiones que podría producirse, pensando que se reducirían como mucho a varios cientos de miles.

Pero la realidad lo que se viene es una verdadera avalancha ante los consulados españoles en los diferentes países. Por ejemplo, sólo en Cuba hay tres millones de personas que pueden tener derecho a la nacionalidad española por cumplir los requisitos establecidos en la ley de memoria histórica que entró en enero de este año.